En Torreón, los juzgados familiares tienen un termómetro claro: 7 de cada 10 procesos arrancan con un divorcio, y de ahí se desprenden pleitos por pensión, guarda y custodia, convivencias y bienes. El dato no es chisme: es presión real sobre tribunales y, sobre todo, sobre niñas y niños que quedan atrapados entre tiempos, trámites y enojo.

La radiografía que se expuso en La Laguna describe el patrón: el divorcio abre la puerta, pero lo que satura es lo que viene después. Pensiones que urgen, convivencias que se atoran, custodias que se pelean y patrimonios que se enredan. Y cuando se alarga, el costo no se mide en hojas: se mide en semanas sin acuerdos claros.

Hay un detalle de fondo que explica por qué el “inicio” puede ser rápido, pero el cierre no: en Coahuila, el divorcio puede tramitarse como acto unilateral / sin expresión de causa bajo la Ley para la Familia; eso acelera la disolución del vínculo, pero no resuelve automáticamente lo más sensible (hijos y obligaciones).

Y el estado trae presión estructural: en 2024, Coahuila fue señalado con 50.9 divorcios por cada 100 matrimonios, arriba del promedio nacional (33.3). No significa “más pleito por moda”; significa más procedimientos que demandan capacidad judicial, mediación y medidas provisionales efectivas.

Si esto va a mejorar de verdad, que se note donde duele: tiempos claros para pensiones y convivencias provisionales, tableros públicos por distrito (carga, rezago, tiempos promedio), y un empujón serio a los medios alternos: el Poder Judicial tiene un centro que ofrece mediación/conciliación gratuita y eso debería ser puerta de entrada en conflictos donde aún se puede acordar sin incendiar la casa.

Coahuila ya normalizó el “me divorcio” como trámite; lo que no puede normalizar es que la protección de hijas e hijos llegue tarde. La pregunta es brutal y necesaria: si 7 de cada 10 casos empiezan igual, por qué no se resuelven primero las pensiones y convivencias con la misma velocidad?