La FGR aseguró un inmueble y combustible en Gómez Palacio tras un cateo por presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburo; el hallazgo incluye tanque de gran capacidad y equipo de despacho. Aunque el punto exacto está del lado de Durango, el impacto es lagunero y le toca a Coahuila: esta región funciona como una sola red de movilidad, y lo clandestino no respeta límites municipales ni estatales.

Los reportes coinciden en un detalle que cambia todo: no se trató de “un bidón”, sino de infraestructura montada —tanque (45 mil litros), bomba con contador, mangueras y pistola despachadora— junto con alrededor de 20 mil litros de líquido con características de hidrocarburo. Esa escala sugiere logística, no casualidad.

El expediente además subraya cómo opera La Laguna: la orden de cateo provino de un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, y el resguardo se realizó con fuerzas federales. En pocas palabras: el fenómeno es regional, y la respuesta también tiene que serlo, con coordinación real entre lados.

Y esto no aparece de la nada. La FGR en Coahuila ya había reportado durante 2025 aseguramientos importantes de combustible en operativos previos, lo que refuerza la lectura de corredor activo. Cuando el combustible “se mueve raro”, el riesgo no es solo económico: es seguridad pública, accidentes, violencia y corrupción alrededor del negocio.

Lo que falta para que el mensaje sea completo: un corte público trimestral (Coahuila–Durango) con volumen asegurado, puntos intervenidos, carpetas judicializadas y medidas preventivas por tramos. Sin tablero, el ciudadano solo ve golpes sueltos; con tablero, ve estrategia.

En La Laguna, el combustible ilegal no “se roba”: se organiza. La pregunta ciudadana para Coahuila es incómoda, pero necesaria: ¿cuántos puntos como este operan a plena luz… porque nadie está midiendo y publicando resultados?