El choque frontal entre una camioneta familiar y un camión rotulado con logotipos del IMSS en la carretera Monterrey–Monclova dejó cinco personas muertas y una mujer hospitalizada en Monclova. Horas después, el Instituto se deslindó de la unidad, pero la discusión sobre si el camión “es o no es del IMSS” terminó tapando la pregunta de fondo: quién está cuidando, en serio, la seguridad vial y el control de los camiones que cruzan a diario la Ruta 53.

La mañana del sábado, en el kilómetro 109 de la Federal 53 que conecta Monterrey con Monclova, un camión que trasladaba insumos médicos y una camioneta Ford Escape chocaron de frente con tal fuerza que ambas unidades quedaron destrozadas. En el lugar murieron el chofer del camión y cuatro integrantes de una familia que viajaba rumbo a Coahuila; sólo una mujer fue rescatada con vida entre los restos de la camioneta y trasladada de urgencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde continúa hospitalizada. Las primeras diligencias quedaron en manos de la Agencia de Investigación Criminal, mientras Nuevo León y Coahuila definen quién se queda con la carpeta, al tratarse de una zona limítrofe.

Horas más tarde, el IMSS emitió un posicionamiento: lamentó la pérdida de vidas, expresó sus condolencias y aclaró que el camión no forma parte de su flotilla ni de ninguna empresa contratada para transporte de medicamentos o insumos médicos. Es decir, la unidad llevaba medicamento para el Instituto, según confirmó la Fiscalía, pero no estaba registrada ni como vehículo institucional ni como proveedor formal en la cadena de logística del Seguro Social. El Instituto prometió colaborar con las autoridades de Nuevo León para esclarecer lo ocurrido.

El tramo Mina–Monclova de esa misma carretera ya cargaba con otro duelo reciente: en octubre de 2023, un choque frontal entre un autobús de pasajeros y una camioneta dejó siete personas muertas —toda una familia que regresaba de un velorio en Cuatro Ciénegas— en el kilómetro 110 de la misma ruta. Dos tragedias graves en poco más de dos años, en el mismo corredor, bastan para poner bajo la lupa la combinación de factores: diseño de la vía, velocidad, fatiga de conductores, supervisión a vehículos de carga y la ausencia de un plan visible que identifique al tramo como zona de alto riesgo.

El caso también exhibe una zona gris en la cadena de responsabilidad. El logotipo del IMSS en la caja disparó la indignación inmediata; el deslinde posterior del Instituto deja claro que no se trata de un camión oficial ni de un proveedor registrado, pero no responde quién autorizó el uso de imagen institucional, bajo qué contratos circulan esos vehículos ni qué revisiones pasan antes de salir a carretera con medicamento a bordo. La discusión pública se quedó en el “no es mío”, cuando el problema para las familias coahuilenses es que el camión iba ahí, compartiendo carril con autos particulares en una vía donde un error se paga con vidas.

En el plano más amplio, el accidente se suma a una estadística incómoda: según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren alrededor de 1.19 millones de personas en el mundo por siniestros viales, principal causa de muerte entre los 5 y 29 años. En México, los datos de accidentes de tránsito que recopila el INEGI muestran que las colisiones en carreteras y zonas urbanas siguen siendo una de las principales causas de muerte por lesiones, pese a campañas y estrategias de seguridad vial que llevan años en el papel. La Ruta Monterrey–Monclova, con dos choques de alta letalidad en el tramo de Mina en tan poco tiempo, encaja perfectamente en esa fotografía: un corredor clave para trabajo, salud y comercio, pero sin una narrativa clara de “corredor seguro” con metas y resultados públicos.

Si de verdad se quiere honrar a las víctimas y evitar la siguiente tragedia, el foco tiene que moverse del logotipo del camión al plan de seguridad vial del corredor Monterrey–Monclova: peritajes públicos del siniestro, identificación de puntos críticos, revisión de la flota que mueve insumos médicos y carga en la 53, controles de velocidad y descanso para operadores, y un tablero trimestral que permita ver, con números, si los choques y muertes bajan o se quedan igual. Nuevo León, Coahuila, la autoridad federal de carreteras y las propias instituciones que reciben o envían carga tienen ahí una agenda compartida que no se resuelve con un solo comunicado de deslinde.

La familia que perdió a sus integrantes en la 53 no va a distinguir, en su duelo, si el camión era institucional, de un proveedor o de nadie. Para ellas, lo que cuenta es que la ruta que cruzan miles de coahuilenses para ir a Monterrey volvió a cobrar vidas. La pregunta que queda en el aire es sencilla y brutal: ¿quién va a asumir la responsabilidad de que la próxima nota sobre la carretera Monterrey–Monclova no sea otra vez un carreterazo con apellidos coahuilenses?