La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila reportó alrededor de 70 bajas de elementos en 2025, principalmente por indisciplina, y asegura que el “estado de fuerza” permanece intacto gracias al egreso anual de hasta 300 nuevos policías. Sin embargo, no se detalla en qué regiones se dieron las bajas, qué tipo de faltas las originaron ni cómo se refleja la rotación en la cobertura diaria de patrullajes.

El titular de Seguridad Pública estatal explicó que cada caso pasa por Asuntos Internos y por la Comisión de Honor y Justicia, y que las sanciones derivan sobre todo de faltas administrativas. Al mismo tiempo, insistió en que las corporaciones se mantienen “sólidas y profesionalizadas”, con parque vehicular completo, equipamiento y coordinación permanente con instancias federales y municipales para mantener el llamado “blindaje de Coahuila”.

El mensaje encaja con la narrativa oficial de este año: en enero se graduaron 491 nuevos elementos entre policía estatal, grupos de reacción, agentes del ministerio público y peritos, en un contexto de inversiones anunciadas por 3,500 millones de pesos en seguridad y la promesa de seguir construyendo cuarteles, comprando patrullas y mejorando sueldos y prestaciones. El gobierno presume ese esfuerzo como uno de los pilares para mantener a Coahuila entre los estados más seguros del país.

Pero la frase “estado de fuerza intacto” se queda corta cuando no se acompaña de datos finos. A nivel nacional, el Censo de Seguridad Pública Estatal 2024 reporta una tasa promedio de apenas 0.9 policías preventivos por cada mil habitantes, por debajo del estándar mínimo de 1.8 recomendado en el Modelo Óptimo de la Función Policial. Sin información desagregada es imposible saber si, tras las 70 bajas, Coahuila compensa la salida de elementos justo donde más se requieren o si la rotación golpea a regiones que ya operan con plantillas ajustadas.

Lo que falta en el discurso oficial es una radiografía clara: cuántas de esas bajas derivaron en denuncias penales y cuántas quedaron sólo en sanción administrativa; qué proporción de los nuevos ingresos termina asignada a tareas operativas y cuántos se van a áreas administrativas; cómo se distribuye el personal por región, turno y tipo de delito. Sin esos tableros públicos —con metas de cobertura, respuesta a emergencias y certificación policial por zona— la ciudadanía sólo escucha que “el blindaje es permanente”, pero no puede evaluar si la depuración mejora realmente la seguridad o sólo maquilla un problema de disciplina crónica.

Coahuila tiene derecho a presumir inversiones y nuevos cadetes, pero también la obligación de transparentar cuántos policías quedan realmente en la calle después de cada baja, reasignación o ascenso. La pregunta que sigue abierta es sencilla y poderosa: ¿el “estado de fuerza intacto” se mide por discursos o por datos abiertos que permitan a la gente saber cuántos policías los cuidan, dónde y bajo qué controles?