La caminata de exobreros de AHMSA de Castaños a Saltillo no sólo cerró una semana de protesta: colocó a la Región Centro en el mapa nacional, mientras el Gobierno Federal trabaja un plan de justicia para las y los trabajadores, Profedet promete liquidaciones justas y una comisión especial del Senado vigila que la quiebra de la acerera se resuelva con la ley en la mano y con las familias primero.

El contingente no fue menor: alrededor de 200 exobreros de Altos Hornos de México concluyeron una caminata de cinco días, iniciada en Castaños, para exigir la intervención de las autoridades federales en el pago de sus liquidaciones. Llegaron a Saltillo de madrugada, marcharon al Congreso local, hablaron con legisladores, se plantaron frente a Palacio de Gobierno y terminaron entregando su pliego petitorio a la representación de la Secretaría de Gobernación y a diputados federales. Detrás de las pancartas hay una realidad dura: tres años de conflicto, 14 mil 600 empleados directos afectados y una sensación de que el reloj ha avanzado para todos, menos para la justicia laboral.

Desde enero, la presidencia de la República ha puesto nombre al problema: la quiebra de AHMSA no sólo es un expediente mercantil, es una crisis social en Coahuila. En conferencias y entrevistas, se ha anunciado un plan de justicia para trabajadores de AHMSA, con la intención de que quienes perdieron su empleo cuenten al menos con lo indispensable y, en la medida de lo posible, se recuperen empleos en la región. Distintos reportes de medios nacionales coinciden en que la prioridad de ese plan es proteger a las y los trabajadores y no volver a un esquema donde los rescates se centran en los dueños.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha enviado un mensaje similar desde su propia trinchera. En su archivo oficial, PROFEDET subraya que en el proceso de quiebra de Altos Hornos de México habrá una liquidación justa y conforme a derecho para las personas extrabajadoras, reforzando el papel de los créditos laborales dentro del concurso mercantil y ofreciendo acompañamiento jurídico para que nadie quede fuera por desconocimiento del procedimiento. Que la institución encargada de defender derechos laborales coloque a AHMSA como caso explícito es una señal de que el tema ya está instalado en la agenda laboral federal.

En el terreno político, el Senado creó una Comisión Especial para revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos de México, que ha sostenido reuniones ordinarias para revisar avances, escuchar reportes de las autoridades laborales y mantener comunicación con representantes de las y los trabajadores. Los comunicados oficiales hablan de vigilar el proceso concursal, dar seguimiento al listado de personas con derecho preferente y mantener abiertos canales de coordinación interinstitucional; no se trata de sustituir a los tribunales, sino de asegurar que el caso se lleve bajo lupa pública y con la prioridad correcta.

En Coahuila, mientras tanto, han surgido propuestas locales de apoyo temporal para exobreros —desde bolsas de trabajo hasta esquemas de empleo municipal— que pueden aliviar parte de la presión en colonias de Monclova y la Región Centro. Pero son sólo eso: paliativos de corto plazo que no sustituyen el núcleo del reclamo, que sigue siendo el pago íntegro de liquidaciones, pensiones y prestaciones acumuladas. El riesgo es que, si no se conectan a la ruta federal (tribunales, sindicatura, PROFEDET, plan de justicia y comisión del Senado), esos programas acaben administrando el desgaste social sin resolver el fondo.

Para que AHMSA no se convierta en otro caso donde la empresa se liquida y las familias quedan olvidadas, la salida tiene que construirse como una agenda compartida: tribunales mercantiles y sindicatura con calendarios claros; autoridades laborales federales defendiendo cada derecho; el Senado y la Cámara de Diputados dando seguimiento político; y los gobiernos estatal y municipales alineando cualquier apoyo temporal con esa ruta. En la Región Centro lo que se espera no son discursos, sino listas públicas, fechas de pago y un compromiso explícito de que ninguna persona con derecho se quedará fuera por falta de información o de acompañamiento.

El caso AHMSA mide algo más que la quiebra de una empresa: pone a prueba si el país puede cerrar, de manera distinta, una historia donde primero se rescata a corporativos y al final —si acaso— se voltea a ver a las y los trabajadores. Hoy la Federación ya reconoció el problema y activó sus instrumentos; la pregunta para Coahuila es si los actores locales estarán a la altura y usarán ese andamiaje para lograr justicia completa, o si seguirán viendo en la herida de la Región Centro una oportunidad para hacer campaña con soluciones a medias.