Tras cinco meses con los accesos bloqueados, la Puerta Uno de Altos Hornos de México fue liberada para permitir la entrada de un grupo de inversionistas que evaluó la compra directa de la acerera en Monclova, al tiempo que la sindicatura confirmó que al menos ocho empresas compiten por los activos de AHMSA y MINOSA en una subasta prevista para enero de 2026, con un valor referencial de 1,326 millones de dólares.

El movimiento más visible ocurrió en la calle: después de meses de silencio y accesos cerrados, la emblemática Puerta Uno volvió a abrirse para recibir a un grupo de inversionistas que recorrió instalaciones clave de AHMSA en Monclova. La escena fue registrada por medios locales y vecinos de la Región Centro: camionetas de lujo entrando a una planta que por años fue símbolo de empleo y que hoy opera bajo administración de un síndico concursal, tras la declaratoria de quiebra emitida por un juzgado federal en noviembre de 2024.

Detrás de esa visita está una disputa mucho más amplia. La sindicatura informó que al menos ocho compañías —entre ellas grandes nombres de la siderurgia y del capital financiero internacional— ya manifestaron formalmente su interés por la unidad productiva de AHMSA y de Minera del Norte. La subasta, que podría realizarse en enero de 2026, tendrá como base un avalúo conjunto de 1,326 millones de dólares, cifra muy inferior al tamaño histórico de la deuda y de los adeudos laborales que arrastra el “monstruo de acero” de Coahuila. Aunque la operación se presenta como la oportunidad de reactivar la cadena siderúrgica detenida desde hace más de tres años, el proceso se mueve sobre una delgada línea entre rescate industrial y venta a precio de ganga.

En paralelo, el procedimiento de quiebra enfrenta tensiones jurídicas y políticas. Reportes recientes señalan inconsistencias financieras en los informes del síndico y sentencias laborales que deben integrarse al concurso para priorizar el pago de prestaciones a los trabajadores afectados. Desde el ámbito federal se ha insistido en que los derechos laborales deberán estar por encima de otros acreedores, y tribunales ya han ordenado incorporar nuevas resoluciones a la masa concursal. El mensaje va en sintonía con la narrativa de la 4T: ordenar el desastre heredado de una administración marcada por corrupción y sobreendeudamiento, sin repetir la historia de rescates que salvan empresas pero sacrifican a quienes sostuvieron la producción con su trabajo.

Mientras los inversionistas toman fotos de hornos apagados y bandas detenidas, en la calle el ánimo es otro. Para las más de ocho mil personas que llegaron a ser empleadas o jubiladas de AHMSA, y para los 17 mil empleos que la acerera llegó a impulsar directa e indirectamente en Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, el riesgo es claro: que la subasta cierre capítulos financieros pero deje abierta la herida social. Organizaciones y estudios sobre la región calculan que alrededor del 40 % de la economía productiva de la zona depende de la siderúrgica; cualquier escenario de venta que no garantice un plan serio de reinserción productiva y pago justo de adeudos puede convertir el “nuevo capítulo” de AHMSA en una simple mudanza de dueño.

En este tablero, la Federación y el gobierno de Coahuila tienen margen para algo más que observar la puja entre corporativos. El síndico fue nombrado por un juzgado federal y rinde cuentas ante tribunales; el Ejecutivo federal, por su parte, tiene la responsabilidad de asegurar que los criterios de la subasta consideren primero la justicia laboral y el desarrollo regional, no sólo el mejor postor. Del lado estatal, la interlocución con posibles compradores y con la propia 4T puede traducirse en condiciones mínimas: compromisos de empleo, inversión en infraestructura clave como la carretera Saltillo–Monclova y esquemas claros para reactivar eslabones locales de proveeduría sin precarizar aún más el trabajo.

Si la subasta de enero quiere marcar un verdadero rescate y no sólo un cambio de razón social, Coahuila necesita que el proceso llegue a la línea de meta con reglas claras. Una mesa tripartita —Federación, gobierno estatal y representantes obreros y de proveedores— debería acordar, antes del martillazo, un paquete mínimo de obligaciones para quien gane la puja: calendario de pago de adeudos laborales, metas de empleo y salarios dignos, inversión obligatoria en la Región Centro, y tableros públicos de avance con cortes trimestrales. La 4T ha insistido en que primero van los trabajadores; este es el caso donde esa frase se debe medir en contratos, cláusulas y cifras, no sólo en discursos.

La reapertura de Puerta Uno para que entren inversionistas es una imagen poderosa, pero todavía simbólica: muestra que AHMSA puede tener futuro, pero no dice nada, por sí sola, sobre el tipo de futuro que se construirá para Monclova y la Región Centro. El riesgo es que el entusiasmo por ver nuevamente movimiento en la planta oculte la pregunta incómoda: quién gana y quién paga el costo del “nuevo ciclo” del acero coahuilense.

Hoy la decisión ya no es sólo quién se queda con los activos de AHMSA, sino en qué condiciones y bajo qué compromisos con la gente que sostuvo durante décadas ese monstruo de acero. La pregunta que toca hacer desde Coahuila es directa: ¿será la subasta de enero el inicio de un rescate con justicia social, o quedará registrada como la operación donde la región vendió su historia industrial al mejor postor sin asegurar el futuro de sus trabajadores?