Durante cinco días, alrededor de 200 exobreros de Altos Hornos de México caminaron de Castaños a Saltillo para entregar un pliego petitorio a la representación federal y advertir que, si no hay respuestas, llevarán la protesta hasta la Ciudad de México. Detrás de esa caravana va el peso de más de 14 mil familias afectadas por la quiebra de la siderúrgica que llegó a aportar cerca de 8 % del PIB de Coahuila y buena parte del empleo en la Región Centro.

La caminata inició en Castaños y avanzó por la carretera 57 hasta llegar a Saltillo, donde los exobreros fueron recibidos por personal de la Secretaría de Gobernación y legisladores federales de la mayoría. Ahí entregaron un pliego con exigencias que van desde el pago de salarios y prestaciones suspendidas, la regularización de pensiones y el freno a la venta de activos, hasta la posibilidad de que el Estado intervenga de manera más directa en el rescate de la empresa. El mensaje fue claro: si el conflicto ya rebasó los tres años, la paciencia también tiene un límite, y la siguiente parada puede ser un plantón frente a Palacio Nacional o a la nueva Presidencia en la Ciudad de México.

Lo que comenzó como una marcha “local” es, en realidad, la radiografía de la dependencia económica de Coahuila respecto a AHMSA. Antes de la crisis, la siderúrgica llegó a representar alrededor de 8 % del producto interno bruto estatal y a sostener, directa o indirectamente, cerca del 40 % de la economía en la Región Centro, según organismos empresariales. Estudios recientes sobre la situación de AHMSA documentan que el cierre y la quiebra no sólo significaron pérdida de empleos formales: trajeron precarización, migración forzada, estrés financiero crónico y un impacto medible en la salud mental de estudiantes universitarios y familias completas de Monclova y municipios vecinos.

En paralelo a la caravana, distintos niveles de gobierno intentan mostrar que el caso está en ruta. A nivel federal, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y una comisión especial en el Senado han prometido que la liquidación de la quiebra será “justa y conforme a derecho”, con asesoría jurídica para los más de 14 mil extrabajadores y bajo un esquema que, se asegura, no volverá a privilegiar a los grandes deudores frente a la base trabajadora. En el plano estatal, la Secretaría de Economía de Coahuila insiste en que se está “haciendo todo lo posible” para acelerar la llegada de nuevos dueños y que sea la autoridad concursal quien defina montos finales de liquidación, al tiempo que reconoce que el tamaño del adeudo laboral rebasa por completo la capacidad del gobierno local para pagar por su cuenta.

El punto ciego, sin embargo, sigue siendo el mismo que señalan los obreros: no hay un calendario público, con etapas, metas y responsables claros, que permita a las familias saber qué va a pasar en uno, tres o seis meses. Coahuila tiene hoy a una presidencia federal que, al menos en el discurso, se compromete con la defensa de los trabajadores y con una reforma judicial que evite quiebras “a modo”; y cuenta también con un gobierno estatal que se dice listo para coordinarse. La caravana que salió de Castaños es la oportunidad para aterrizar esa narrativa en una mesa tripartita formal —Federación, Estado y representantes obreros— con fechas, tableros de avance y cortes trimestrales visibles para toda la región.

La marcha de los exobreros no es sólo una protesta más en Monclova: es un recordatorio de que buena parte de la economía de Coahuila se construyó sobre el acero y hoy vive en pausa. Si la 4T quiere demostrar que puede resolver quiebras emblemáticas sin repetir viejas historias de impunidad empresarial, y si el gobierno estatal quiere evitar que la desesperación se convierta en conflicto permanente, el caso AHMSA debe dejar de moverse a golpes de caravana.

La pregunta que queda en el aire es simple y brutalmente concreta: **¿cuántas marchas más deberán organizar los extrabajadores para que la justicia laboral se convierta en un calendario verificable y no sólo en discursos de buena voluntad?