La búsqueda de Estefany Betsabé Alvarado López, de 11 años, vista por última vez el 19 de noviembre en la colonia Campo Nuevo Zaragoza de Torreón en compañía de su madre, mantiene en alerta a las autoridades de Coahuila. El caso se suma a un padrón estatal de al menos 384 personas desaparecidas que eran menores de 18 años al momento de su registro y a una crisis nacional donde cada día se reporta la desaparición de alrededor de 14 niñas, niños y adolescentes.

La ficha de búsqueda de Estefany la describe como una niña de 11 años, delgada, de 1.30 metros, cabello lacio negro y una cicatriz al centro de la frente. Fue vista por última vez el 19 de noviembre en Campo Nuevo Zaragoza, al oriente de Torreón, en compañía de su madre; desde entonces, su paradero se desconoce. La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila y la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez difundieron sus datos y fotografías, pidieron reportar cualquier información al 911 y a líneas especializadas, y coordinaron operativos de búsqueda en la zona. Colectivos y medios laguneros replicaron la ficha en redes, insistiendo en que se trata de un caso de alto riesgo por la edad y el contexto familiar de presunta sustracción.

Detrás de este caso hay una fotografía más amplia. De acuerdo con el informe estatal de personas desaparecidas elaborado por Red Lupa, con corte al 16 de mayo de 2025, en Coahuila 384 personas tenían menos de 18 años cuando desaparecieron, prácticamente mitad niñas y mitad niños. A ello se suman datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que muestran que sólo en 2024 la entidad registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años, un incremento respecto a años previos y un foco rojo en la primera infancia. Entre finales de 2024 y enero de 2025, la Fiscalía estatal reportó además 37 personas desaparecidas en apenas mes y medio, lo que equivale a más de una denuncia diaria, con algunas fichas correspondientes a menores de edad.

A nivel nacional, organizaciones por la infancia recuerdan que las personas de 0 a 17 años representan alrededor de una de cada diez personas desaparecidas del país, y que tres de cada cuatro son adolescentes de entre 12 y 17 años. Informes recientes señalan que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron casi 7,000 niñas, niños y jóvenes desaparecidos, mientras que estimaciones presentadas ante organismos internacionales apuntan a que diariamente se reportan 14 menores desaparecidos en México, con un ligero predominio de niñas y adolescentes mujeres. En ese contexto, Coahuila no es una excepción: forma parte de un país que acumula más de 120 mil personas desaparecidas, con las infancias atrapadas en medio de violencias familiares, del delito y de omisiones institucionales.

Frente a esta realidad existen herramientas, al menos en el papel. El Protocolo Alba es el mecanismo diseñado para activar una búsqueda inmediata y coordinada cuando desaparece una mujer o una niña: define fases para recibir el reporte, difundir la ficha, desplegar búsqueda en campo y articular a policías, fiscalías, sistemas de transporte y medios de comunicación con el objetivo de proteger la vida e integridad de la persona. En Coahuila se ha aplicado en múltiples casos, algunos con localización con vida y otros con hallazgos trágicos que han sido documentados por la prensa, lo que ha abierto preguntas sobre la rapidez real de las activaciones, la calidad de las búsquedas y el seguimiento a cada expediente. El caso de Estefany vuelve a poner sobre la mesa esa discusión: la ficha circula, pero es difícil para la ciudadanía saber si el protocolo se activó en cuestión de horas, qué líneas de búsqueda se siguen y cómo se evalúa cada acción.

Si Coahuila quiere estar a la altura de la gravedad del problema, la respuesta no puede quedarse en publicar fichas aisladas: se necesita una agenda colaborativa entre Fiscalía, Comisión de Búsqueda, gobierno estatal, municipios, federación y colectivos. Eso implica un tablero público, actualizado de manera constante, que muestre cuántas niñas, niños y adolescentes están desaparecidos por municipio, cuánto tiempo llevan sin ser localizados, cuántos casos activaron Protocolo Alba y con qué resultados, y cuántas veces la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y las herramientas de la 4T (más personal, tecnología y bases de datos) han permitido encontrarles. También pasa por formación obligatoria a policías, ministerios públicos y personal escolar en detección de riesgo y reacción inmediata, así como campañas permanentes para que la gente sepa algo básico pero urgente: que no tiene que esperar 72 horas para denunciar la desaparición de una persona menor de edad.

Hoy el nombre propio es Estefany, pero mañana puede ser el de cualquier niña o niño de Coahuila cuya foto aparezca de pronto en una ficha de búsqueda. La pregunta de fondo no es sólo dónde está ella, sino qué tan rápido y con qué calidad reaccionamos cuando falta una niña: cuánta presión social hay para que el caso no se pierda en el algoritmo, cuánta transparencia ofrecen las autoridades sobre lo que hacen cada día y cuántos recursos reales estamos dispuestos a destinar a que las infancias no desaparezcan en el silencio estadístico. Mientras su familia y la Laguna esperan noticias, el estado entero tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de convertir esta búsqueda en un punto de quiebre: que nunca más una ficha sea el principio y el final de la historia.