El caso de una mujer acusada en Monclova de cobrar por supuestos productos “subsidiados” y plazas en el IMSS que nunca llegaron, y que ya es investigada por presunto fraude, se suma a una serie de alertas de la Secretaría del Bienestar en Coahuila y del Gobierno de México: los programas sociales son gratuitos, pero falsos gestores han encontrado en ellos un gancho perfecto para vaciar bolsillos y desprestigiar al bienestar como política pública.

En Monclova, vecinas y vecinos denunciaron a una mujer identificada como Luz María Miranda por presuntamente cobrar entre mil y varios miles de pesos a cambio de minisplits, boilers, centros de lavado y otros productos “subsidiados por el municipio”, además de supuestos empleos en el IMSS que nunca se concretaron. La historia se hizo pública en redes y medios locales, y las personas afectadas preparan denuncias formales ante el Ministerio Público. Días después, autoridades estatales y municipales aclararon que la señalada no es trabajadora de ningún orden de gobierno y advirtieron que se investigará su responsabilidad penal por usar el nombre de programas sociales y del ayuntamiento para engañar.

El episodio no es aislado. Desde abril y nuevamente en noviembre de 2025, la Secretaría de Bienestar en Coahuila emitió alertas a la población para evitar ser víctima de fraudes: advirtió sobre personas que se hacen pasar por gestores o activistas, que ofrecen “meter papeles” o “asegurar lugares” en programas federales y estatales a cambio de cuotas, depósitos o datos personales.

A nivel federal, la Secretaría de Bienestar ha reiterado en comunicados y tarjetas informativas que no otorga créditos a cuenta de pensiones, no adelanta pagos, no cobra por registros y que las inscripciones y entregas de tarjetas del Banco del Bienestar son siempre gratuitas.

El fenómeno se repite en todo el país con distintas máscaras: páginas falsas que imitan logotipos oficiales, enlaces apócrifos que prometen “bonos extra” de pensiones, perfiles de Facebook que cobran por “acompañar el trámite” y hasta supuestos intermediarios de programas estatales como Mujeres con Bienestar.

El blanco preferido suelen ser personas adultas mayores, mujeres jefas de hogar y familias con pocos ingresos, justo los grupos que la política social de la 4T busca proteger. En ese terreno, cada fraude no sólo golpea el bolsillo de las víctimas: también alimenta la narrativa de que “todos los programas son un engaño”, favoreciendo a quienes siempre se opusieron al fortalecimiento del Estado social.

Si Coahuila quiere blindar de verdad el nombre del bienestar, el siguiente paso debe ser una agenda conjunta municipio–estado–federación: padrones públicos de apoyos y reglas clarísimas de que nadie puede cobrar por registros o inscripciones; un canal único y visible de verificación (teléfono, WhatsApp o sitio) donde cualquier ciudadano pueda comprobar si un apoyo existe y si la persona que lo ofrece es servidora pública; campañas permanentes en colonias y ejidos explicando que los programas federales son gratuitos; y un tablero trimestral que informe cuántos fraudes se han detectado, cuántas denuncias avanzan y qué sanciones se han impuesto a quienes lucran con la necesidad usando el nombre del gobierno.

Defender la política social de la 4T no es sólo celebrar que hay pensiones y apoyos donde antes no los había: también implica cuidar que nadie convierta la palabra “bienestar” en pretexto para estafar a quienes menos margen tienen para perder. El caso de Monclova deja una lección incómoda para Coahuila: mientras no haya información clara, canales oficiales visibles y consecuencias reales para los falsos gestores, los fraudes seguirán avanzando más rápido que cualquier programa… y la factura la pagarán, una vez más, las familias que confiaron, vendieron algo o pidieron prestado para alcanzar una promesa que nunca debía haber tenido precio.