Un bebé de tres meses fue localizado en un lote baldío de la colonia Burócratas de Monclova, horas después de que sus padres fueran detenidos por un presunto robo y omitieran informar dónde lo habían dejado. El menor sobrevivió gracias al aviso de la abuela y a un operativo de búsqueda municipal; hoy está bajo resguardo de Pronnif, en un estado que reporta más de 7 mil niñas y niños atendidos por maltrato en un año, pero aún sin protocolos públicos claros para estos casos.

La historia inició como un parte policiaco: elementos municipales perseguían a una pareja señalada por un presunto robo a casa habitación en la colonia Burócratas de Monclova. Según el reporte, el vehículo impactó una patrulla y las personas fueron detenidas, pero guardaron silencio sobre el bebé de tres meses que solían cargar con ellos. Sólo hasta que la abuela llamó desesperada para preguntar por el niño se activó un operativo de búsqueda que terminó en un lote baldío donde el menor fue hallado con vida, atendido por Cruz Roja y trasladado al Hospital Amparo Pape para valoración.

Después vino el capítulo institucional. Pronnif confirmó que el bebé fue puesto bajo una Medida Especial de Protección, trasladado a una casa hogar y que ni siquiera contaba con registro de nacimiento. Ahora los abuelos buscan la custodia, mientras la procuraduría investiga el entorno familiar y decide si la mejor opción es la familia extensa o la permanencia en el sistema de acogida. No es un caso aislado: la propia Pronnif reportó que en 2024 recibió más de 7 mil menores con denuncias de maltrato y omisión de cuidados en Coahuila, además de alrededor de 1,500 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

En el papel, Coahuila presume un andamiaje robusto. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a todas las autoridades a actuar con interés superior de la niñez y a coordinarse de inmediato cuando un menor está en riesgo; la legislación estatal y el Programa Especial de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hablan de capacitación a policías, protocolos de actuación y sistemas integrales que articulen seguridad pública, salud y procuradurías de protección.

Sin embargo, casos como el de Monclova muestran que, en la práctica, muchos eslabones dependen de la reacción de una abuela, del criterio del mando policiaco de turno y de cuánto tarda en llegar la coordinación con Pronnif.

Organismos de derechos humanos han señalado en distintas recomendaciones que la protección a la infancia no puede quedar sujeta a respuestas improvisadas ni a expedientes que avanzan en silencio. Desde el Congreso federal se han presentado exhortos específicos para que Coahuila garantice la protección de niñas y niños víctimas de violencia en centros y contextos bajo responsabilidad local, subrayando la necesidad de protocolos homologados, capacitación y supervisión externa.

El caso del bebé abandonado en un baldío en Monclova se suma a ese expediente moral: un recordatorio de que los vacíos operativos pueden costar horas de angustia —y, en otros escenarios, la vida.

Si Coahuila quiere honrar sus propias leyes y programas, el siguiente paso es concreto: un protocolo público de “niña o niño no localizado vinculado a detención de adultos”, con tiempos máximos para búsqueda, coordinación obligatoria entre Policía Municipal, 911, Salud y Pronnif, y un tablero trimestral que informe cuántos menores se han rescatado, en qué colonias, con qué seguimiento médico y psicosocial. Con acompañamiento técnico del sistema nacional de protección de niñas, niños y adolescentes, esta agenda colaborativa podría convertir un caso doloroso de Monclova en punto de arranque para que ningún bebé vuelva a depender sólo del instinto de su abuela y de la buena voluntad de un turno policiaco.

El expediente del bebé de tres meses habla menos de “padres monstruosos” y más de un sistema que sigue reaccionando caso por caso, sin que la ciudadanía conozca los protocolos que deberían activarse en minutos cuando hay una infancia en riesgo. La pregunta de fondo para Coahuila es sencilla y a la vez incómoda: ¿queremos que estas historias sigan apareciendo como notas aisladas, o estamos listos para medir —con datos abiertos y responsabilidades claras— qué tan rápido y qué tan bien estamos protegiendo a las niñas y niños que quedan en medio de la persecución, el delito y la omisión de cuidados?