El Instituto Nacional Electoral tiene abierta en todo Coahuila una convocatoria para contratar cientos de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales rumbo a la elección de diputaciones locales del 7 de junio, con registro en línea hasta el 8 de diciembre, contratos de enero a finales de junio, y sueldos que en distritos como el 03 con cabecera en Monclova llegan a 17,500–19,500 pesos mensuales libres de impuestos para 137 plazas, mientras en el 02 con cabecera en San Pedro se ofrecen 18 supervisores y 106 capacitadores con percepciones que rondan los 15,785–17,500 pesos, más apoyos de campo, todo ello bajo reglas nacionales que exigen imparcialidad, examen de conocimientos y entrevistas para definir a quienes se harán cargo de capacitar a las y los funcionarios de casilla en cada sección del estado.

Detrás del anuncio hay una maquinaria muy específica. El propio INE detalla que las y los Supervisores Electorales (SE) coordinan y verifican el trabajo de campo de los capacitadores, vigilan que se integren bien las mesas directivas de casilla y apoyan en la recolección de paquetes y en los sistemas de información la noche de la elección; mientras que las y los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) son quienes tocan puertas, notifican a la ciudadanía sorteada, entregan nombramientos y entrenan a las personas que recibirán y contarán los votos. Todo el reclutamiento se hace a través del sistema en línea de SE y CAE o directamente en las juntas distritales, con filtros que incluyen examen, entrevista y requisitos como tener credencial vigente, al menos secundaria terminada, no haber sido operador reciente de partidos ni de programas sociales y firmar un compromiso de neutralidad.

Visto desde Coahuila, estas plazas llegan en un momento donde muchos bolsillos traen presión acumulada: en la Región Centro, golpeada por la crisis de Altos Hornos, un ingreso temporal de casi veinte mil pesos mensuales puede significar pagar deudas, sacar adelante la cuesta de enero o aguantar mientras se define el futuro industrial; en La Laguna, donde el costo de vida es más alto, estos contratos compiten con sueldos de comercio, transporte y servicios, pero añaden la experiencia de participar directamente en la organización de la elección. En ambos casos se trata de un trabajo intenso —mucho calle, fines de semana, horarios largos— que exige trato con la gente y temple para operar en colonias donde la desconfianza en las instituciones todavía pesa.

Por eso, más allá del número de vacantes, el punto clave está en cómo se reparten y cómo se explican. Si el mensaje es que se quiere una elección limpia en Coahuila, el INE no sólo debe ofrecer buenos sueldos, sino también abrir los datos: cuántas plazas hay por distrito y municipio, cuántas personas se registraron, quiénes aprobaron exámenes y entrevistas, y cómo queda el mapa final por edad y género. Difundir la convocatoria en colonias, ejidos y comunidades con menos acceso a internet, habilitar módulos de apoyo para el registro y permitir que organizaciones ciudadanas observen el proceso de selección serían pasos concretos para evitar que estas chambas terminen sólo en manos de quienes tienen más conexiones y no necesariamente de quienes mejor pueden cuidar las casillas.

Coahuila necesita elecciones confiables y gente que viva de su trabajo, no de los favores. Si las plazas de SE y CAE se convierten en empleos transparentes, abiertos y bien vigilados, ganan quienes cobran el sueldo, gana la ciudadanía que verá sus votos mejor cuidados y gana el estado, que podrá mirar la jornada del 7 de junio no como un trámite de rutina, sino como un ejercicio donde también se defendió el derecho a trabajar con dignidad.