Cuidar hoy puede costar semanas de cotización y hasta la pensión, y justo contra eso va la iniciativa que un diputado federal de Coahuila presentó en la Cámara de Diputados: que el IMSS y el ISSSTE reconozcan como semanas cotizadas los periodos en que una persona deja temporalmente su empleo para cuidar a un familiar enfermo, con discapacidad o adulto mayor, que se puedan sumar hasta 52 semanas en el IMSS y hasta 12 meses en el ISSSTE sin perder antigüedad ni derechos laborales, y que sea el Estado quien cubra esas cuotas, una propuesta que se apoya en datos recientes del sistema de cuidados —más de 30 millones de personas que cuidan en el país, la mayoría mujeres— y que podría cambiar la vida de miles de familias en Coahuila y el resto de México.

La iniciativa detalla una ruta concreta: cuando una persona tenga que suspender su relación laboral para brindar cuidados familiares graves, esos meses no se borrarían del historial, sino que se contabilizarían como cotización efectiva, siempre con dictamen médico que acredite la situación. En el caso del seguro social se reconoce hasta un año de cuidados, y en el de los trabajadores del Estado hasta 12 meses, con la idea de que no se castigue con menos semanas para la pensión a quien se hace cargo de un hijo con enfermedad crónica, un padre con demencia o un familiar con discapacidad. El propio impulsor de la propuesta insiste en que se trata de corregir una “injusticia histórica” contra quienes cuidan y que el costo presupuestal sería manejable frente al impacto social de cerrar esa brecha.

Los números del país le dan contexto y urgencia al debate. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC 2022) calcula que casi la mitad de la población mexicana es susceptible de requerir cuidados y que decenas de millones de personas —en su mayoría mujeres— realizan trabajo no remunerado en casa para sostener a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Otros análisis recientes sobre justicia económica de género apuntan que reconocer y redistribuir ese trabajo de cuidados podría aumentar de manera importante el PIB nacional y reducir la brecha económica entre hombres y mujeres, una agenda que el propio gobierno federal ha puesto sobre la mesa al hablar de un futuro Sistema Nacional de Cuidados.

Visto desde Coahuila, el tema no es abstracto: en ciudades como Torreón, Monclova o Saltillo es común que, ante una enfermedad grave o una dependencia permanente, una hija, una madre o una pareja se salga del mercado laboral para cuidar, y cada mes que pasa sin cotizar se convierte en menos semanas para la pensión y en más incertidumbre para el futuro. Por eso, si esta reforma prospera, podría ser una primera pieza de algo mayor: un esquema donde el trabajo de cuidados deje de contarse como “tiempo perdido” y empiece a generar derechos reales en la seguridad social, en sintonía con la narrativa de bienestar y derechos que el país viene construyendo en los últimos años desde la esfera federal.

El reto, como casi siempre, estará en los detalles: definir con claridad cómo se acreditan los casos para evitar simulaciones, de dónde saldrán los recursos para cubrir las cuotas sin poner en riesgo las finanzas de los institutos de seguridad social y cómo se coordinará esta reforma con la agenda más amplia de cuidados que ya se discute a nivel nacional. Si el Congreso logra construir un acuerdo serio alrededor de esta propuesta, el mensaje a las familias de Coahuila y de todo México sería contundente: cuidar a los tuyos no debería costarte tu futuro, y el Estado está dispuesto a reconocerlo también en semanas cotizadas y no sólo en discursos.