Un apagón de fin de semana en el Hospital del ISSSTE en Monclova habría dejado sin refrigeración insulinas de distintos tipos y liraglutida —medicamentos que deben mantenerse en cadena de frío—, lo que habría provocado su pérdida y dejó a pacientes diabéticos sin claridad sobre cómo se les va a reponer su tratamiento; el episodio se suma a antecedentes de cortes de energía en el mismo hospital que ya habían puesto en riesgo biológicos y vacunas, y en un país donde alrededor del 18 por ciento de las personas adultas vive con diabetes, el llamado desde la Región Centro es a investigar qué ocurrió, cuántos frascos se dañaron y qué medidas locales se van a tomar para que ningún apagón vuelva a poner en riesgo la salud de las familias derechohabientes.

En la versión más reciente de los hechos se señala que, durante el fin de semana largo, la energía eléctrica falló en el ISSSTE Monclova y el refrigerador de farmacia se apagó. Ahí se resguardaban insulinas de acción rápida, intermedia, glargina, mezclas para uso cotidiano y también liraglutida, que se utilizan para el control de la glucosa y otras complicaciones metabólicas. Al no contar con respaldo suficiente ni monitoreo de temperatura, los medicamentos habrían quedado fuera de los rangos seguros de conservación y se dio por hecho que se perdieron. El problema no es solo económico: detrás de cada frasco hay una persona que depende de ese tratamiento para mantener estable su salud.

No es la primera vez que la luz se vuelve enemigo silencioso en ese hospital. El año pasado, una organización regional de trabajadores de la educación y la salud pidió que se investigara un corte de energía ocurrido en diciembre anterior, cuando se apagaron los refrigeradores donde se resguardaban biológicos y las vacunas quedaron en riesgo. En aquella ocasión ya se advertía que con una hora sin refrigeración los insumos pueden echarse a perder, pero el asunto no pasó de declaraciones y dudas sobre si se había abierto o no una carpeta formal. Hoy, con la insulina en la mira, la historia amenaza con repetirse: cortes de luz, equipo sin respaldo suficiente y derechohabientes que se enteran a medias de lo que pasa con sus medicamentos.

El contexto de salud hace que este tipo de fallas sean todavía más delicadas. De acuerdo con los últimos datos nacionales, la diabetes afecta en conjunto a poco más de 18 por ciento de las personas adultas —considerando casos diagnosticados y no diagnosticados—, y en Coahuila la proporción de adultos con diagnóstico de diabetes supera el 12 por ciento. La atención a esta enfermedad ha sido prioridad en la política social y de salud de los últimos años, con programas específicos, mejoras en ingresos y acciones de prevención; justamente por eso, lo que ocurra en un refrigerador de farmacia en Monclova no puede verse como un problema menor, sino como un eslabón que hay que reforzar para que el derecho a la salud se cumpla en la práctica.

La solución no pasa por culpar genéricamente a “el sistema”, sino por decisiones muy concretas en el ámbito local: revisar si el hospital cuenta con plantas de emergencia funcionales, alarmas de temperatura en los equipos de frío, bitácoras de revisión en fines de semana y días festivos, así como protocolos claros para reportar cualquier incidente a las oficinas centrales del Instituto y a las autoridades sanitarias de Coahuila. También se necesita transparencia: informar cuántos frascos se echaron a perder, cómo se va a reponer el tratamiento de cada paciente afectado y en qué plazos, y qué inversiones o ajustes operativos se harán para que no se repita un caso similar, ni con insulina ni con vacunas.

Las familias de la Región Centro que viven con diabetes no piden privilegios: piden certeza de que su insulina estará ahí, en buenas condiciones, cuando la necesiten. Corresponde a la directiva del hospital, a la delegación del Instituto y a las autoridades locales convertir este apagón en un parteaguas: investigar, corregir y blindar la cadena de frío, para que la próxima vez que se vaya la luz lo único que se apague sean las viejas malas prácticas y no la salud de los derechohabientes.