La presidenta Claudia Sheinbaum reunió este miércoles en Palacio Nacional a las gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas al IMSS-Bienestar para revisar avances del sistema federal de salud que promete atención y medicamentos gratuitos a millones de personas sin seguridad social; en la foto oficial aparece Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Zacatecas y toda la plantilla morenista, pero no está Manolo Jiménez, cuyo gobierno mantiene a Coahuila fuera del acuerdo de federalización firmado ya por 23 estados que transfirieron más de 700 hospitales y casi 14 mil centros de salud al nuevo modelo.

Mientras la Federación presume que el IMSS-Bienestar atenderá a unos 53.2 millones de personas sin seguridad social en esas 23 entidades, convirtiéndose en el sistema público de salud más grande del planeta, la silla vacía de Coahuila abre una pregunta incómoda: ¿cuál es la alternativa estatal real para garantizar el mismo nivel de cobertura y equipamiento sin subirse al tren federal?

En Coahuila, la discusión no es nueva ni menor. Desde hace meses, las negociaciones entre el equipo de Zoé Robledo y el gobierno estatal han derivado en prórrogas para seguir operando con el esquema del extinto Insabi, mientras alrededor de 540 trabajadores vinculados a ese modelo viven con la incertidumbre de si serán absorbidos por el IMSS-Bienestar o deberán ser pagados directamente con recursos del estado, como ya advirtió el propio director del IMSS: “ya no se va a financiar a los gobiernos estatales”.

Los datos de Coneval dan un matiz clave: Coahuila es de las entidades con menor porcentaje de población con carencia de acceso a servicios de salud (19.7% en 2022, sólo por encima de Baja California Sur), muy por debajo del promedio nacional de 39.1%. Eso significa un piso mejor que el de la mayoría del país, pero también que casi una de cada cinco personas en el estado sigue sin un respaldo formal de atención médica; el hecho de “estar bien en la tabla” no borra a ese universo silencioso.

Al otro lado del río, estados vecinos como Tamaulipas presumen que, con la federalización, se han reactivado quirófanos, reforzado el abasto de medicamentos y mantenido la basificación de personal bajo una sola lógica nacional, justo la ruta que Sheinbaum volvió a refrendar en la reunión de Palacio como “el derecho del pueblo a la salud” y como una de las columnas de la llamada transformación humanista.

La decisión que Manolo Jiménez pospone ya no es sólo técnica, sino política y presupuestal: si Coahuila insiste en un modelo propio, tendrá que mostrar números claros de cómo financiará nóminas, equipo, mantenimiento y expansión de servicios en un contexto en el que la Federación ha anunciado que dejará de transferir recursos extraordinarios a quienes se queden fuera del IMSS-Bienestar; si opta por firmar, deberá explicar en qué condiciones se protegerán los derechos laborales y qué mejoras concretas verán, colonia por colonia, quienes hoy hacen fila en las salas de espera.

La imagen de Palacio Nacional no es sólo una postal de unidad morenista: es también el mapa de quién se sube –o no– al nuevo arreglo nacional de salud. Coahuila quedó fuera del cuadro y el gobierno estatal debe decir pronto si ese fuera de lugar es una estrategia con plan B y metas medibles, o sólo una apuesta a que el tiempo y el presupuesto federal sigan haciendo milagros.