Este caso escala a nivel estatal debido a la confrontación de visiones sobre la responsabilidad empresarial y la fiscalización del patrimonio industrial de Coahuila.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aterrizó en Coahuila no solo para supervisar programas, sino para traer un mensaje de justicia que sacudió la estructura política local. Al señalar directamente que quien quebró a AHMSA fue Alonso Ancira y subrayar su estancia en el extranjero, la mandataria federal dejó al descubierto la fragilidad de las instituciones que permitieron el colapso, provocando un visible contraste con un gobierno estatal neoliberal que, ante tales declaraciones, mostró una postura de evidente incomodidad.

La narrativa oficial de la federación desmonta la idea de una “crisis de mercado” para posicionarla como un desfalco con responsables identificables que hoy evaden la justicia fuera de México. Esta postura obliga al aparato estatal coahuilense a redefinir su relación con los grupos de poder que históricamente han controlado la Región Centro, en un momento donde la presión ciudadana exige que la riqueza generada por el acero se traduzca finalmente en el pago de los obreros.

La agenda exigible demanda que la Fiscalía General del Estado y los organismos de transparencia locales informen sobre las auditorías realizadas a los beneficios fiscales otorgados a la empresa antes de su quiebra. El compromiso presidencial debe ser el catalizador para que el Gobierno de Coahuila abandone la retórica de acompañamiento y se sume a la exigencia de que los activos en suelo mexicano garanticen la supervivencia de las familias mineras.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de que pensar: la diferencia abismal entre la claridad de la Presidenta al señalar culpables y el silencio de las autoridades locales que durante años convivieron con la administración que hoy es acusada de quebrar el motor de Monclova. ¿Será la justicia presidencial suficiente para doblegar los intereses que aún protegen los restos de AHMSA en Coahuila?