La entrega de vivienda en Monclova por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum funciona como un espejo incómodo para el gobierno de Manolo Jiménez Salinas: mientras el estado se jacta de un modelo de “seguridad y orden” para los negocios, es la Federación quien debe entrar a rescatar el derecho al hogar con un incremento de meta del 242%.

Este contraste marca la distancia entre el humanismo que rescata créditos impagables para 5 millones de personas y el neoliberalismo estatal de Coahuila que, históricamente, ha gestionado la crisis de la Región Centro desde la contención política y no desde la justicia distributiva. La meta de 65 mil viviendas no fue una propuesta de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, sino una imposición de la agenda social federal que el estado ahora se ve obligado a acompañar.

La agenda exigible para el Gobernador y su Secretario de Vivienda es transparentar si el estado aportará terrenos y servicios de calidad para estas 65 mil casas, o si continuará dejando que la Federación cargue con el costo social de la reactivación mientras la administración local se queda con la narrativa de la “estabilidad”.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: es fácil hablar de ser el estado “número uno” en indicadores económicos, pero es muy difícil ocultar que, en el tema más sensible para el obrero, el gobierno estatal ha sido un espectador de lujo ante la maquinaria del bienestar federal. ¿Es el “Modelo Coahuila” una estructura real de beneficio social o simplemente una fachada eficiente para proteger intereses empresariales mientras el pueblo espera que las soluciones lleguen desde la Ciudad de México?