La narrativa de seguridad en Coahuila se fractura en el ámbito de la salud social, donde los centros de rehabilitación operan como zonas de excepción legal. El caso ocurrido en Torreón, donde una mujer fue sometida a golpes internos y privación de alimento, demuestra que el “blindaje” estatal no alcanza a proteger a los ciudadanos dentro de instituciones que supuestamente deberían garantizar su integridad.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. Mientras la Secretaría de Salud estatal centraliza recursos, la supervisión de los anexos en La Laguna parece ser un punto ciego que permite castigos corporales bajo el nombre de “terapia de bienvenida”.

La evidencia de agresiones físicas y la utilización de espacios denominados “la jaula” para el castigo de internos exigen una intervención directa del Ejecutivo Estatal para depurar el padrón de prestadores de servicios de salud mental. No se trata de un incidente aislado, sino de un síntoma de abandono administrativo que deja a las familias vulnerables a merced de administradores que priorizan la rentabilidad económica sobre la dignidad humana.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, debe informar los avances de la investigación por lesiones y amenazas en un plazo no mayor a 15 días, garantizando que el centro de rehabilitación suspenda actividades de manera precautoria para evitar más agresiones a internos.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de que pensar: Mientras el discurso oficial presume modernidad y orden, en los barrios de Torreón se siguen permitiendo centros de castigo medievales. ¿Cuántos “Eco de Mariposa” más necesitan ser grabados para que alguien haga su trabajo de inspección? ¿Por qué se permite que un centro de salud funcione como una cárcel clandestina donde se cobra por la libertad de las personas?