Mientras el aparato estatal promueve programas de desarrollo social como “Mejora Coahuila”, la realidad en las periferias de la Región Carbonífera revela una falla sistémica en la protección de los derechos de la infancia. La detección de un embarazo de siete meses en una niña de 11 años en Nueva Rosita no es un hecho aislado, sino el síntoma de un estado que, pese a sus métricas de nearshoring, no ha logrado blindar a sus sectores más vulnerables.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de reportes judiciales y auditorías sociales sobre el desempeño de las secretarías estatales. La Secretaría de las Mujeres ha reconocido que la violencia familiar y el embarazo infantil son retos urgentes que superan las capacidades actuales de respuesta institucional.

Los datos duros contrastan con la narrativa oficial: en Coahuila, 16 de cada 100 nacimientos son de madres jóvenes, y en casos de menores de 15 años, la mayoría está asociada a delitos de violación equiparada. La centralización de recursos y la falta de programas específicos de salud mental y prevención en zonas mineras parecen estar dejando desprotegidas a las familias, mientras las dependencias se enfocan en la gestión política de programas asistenciales generalistas.

Se demanda a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y a la PRONNIF la publicación de un calendario de intervención preventiva real en la Carbonífera para el resto del ejercicio 2026. Es necesario que el Congreso del Estado audite la aplicación de fondos destinados a la salud mental y protección infantil, estableciendo un indicador de resultados verificable de manera trimestral.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de que pensar: que en un estado que presume blindaje y modernidad tecnológica, sean las salas de urgencias del IMSS las que terminen descubriendo tragedias que el sistema de prevención escolar y social simplemente no detectó a tiempo. ¿Cuántas historias similares permanecen ocultas bajo el peso de la pobreza y el silencio en las zonas de control regional? La justicia para la infancia de Nueva Rosita debe ser la prioridad fiscal y moral del gobierno estatal en este 2026.