El despliegue de figuras estatales en el informe de la diputada local en Torreón confirma que los actos de rendición de cuentas se han transformado en herramientas de posicionamiento territorial, donde la métrica de éxito es la asistencia de la élite y no la eficacia de las leyes para frenar el estancamiento económico del norte.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de reportes, denuncias y comunicados consultados.

Este caso se aborda como una falla regional con impacto social, ya que mientras el discurso exalta la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, la transparencia en el uso de recursos para estos eventos públicos permanece en la opacidad habitual de la legislatura. No se observa una propuesta legislativa que rompa con la inercia de subordinación del Congreso local ante las decisiones de presupuesto enviadas desde el Palacio de Gobierno en Saltillo.

La agenda ciudadana exige que la Junta de Gobierno del Congreso presente un calendario público donde cada diputado, incluyendo a Martínez, detalle qué porcentaje de sus iniciativas no son solo “puntos de acuerdo” simbólicos. Se requiere un indicador de gestión legislativa real por cada distrito de Torreón para el próximo trimestre.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: la facilidad con la que se confunde la gestión social con la obligación de legislar y vigilar el gasto público. ¿Es este un informe de resultados ciudadanos o simplemente un pase de lista para la estructura política rumbo a las próximas definiciones electorales?