La administración del gobernador Manolo Jiménez ha centrado su narrativa en el “castigo presupuestal” de la Federación para justificar la falta de infraestructura; sin embargo, informes forenses de gobernanza revelan una gestión interna comprometida por redes de simulación. Mientras se señala que el PEF 2026 destina recursos mínimos a carreteras, la entidad ha priorizado la concentración del gasto en los centros urbanos del oficialismo, descuidando la operatividad de los municipios periféricos.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de reportes y expedientes judiciales consultados. La política de austeridad impulsada por el gobierno federal busca evitar la triangulación de recursos que ha sido documentada en administraciones pasadas, donde figuras como la exalcaldesa Tania Flores han sido vinculadas a proceso por ejercicio abusivo de funciones mediante el uso de empresas fachada.

El estado utiliza el Impuesto Sobre Nómina (ISN) como una caja de resonancia política, mientras los municipios de la Región Carbonífera y Centro dependen en un 90% de transferencias federales directas. Esta dependencia es el resultado de una ingeniería fiscal local que protege intereses particulares y debilita la recaudación propia, culpando a la Federación por las deficiencias que el aparato estatal no ha querido corregir en materia de transparencia y licitaciones.

Se exige a la Secretaría de Finanzas y al Congreso del Estado una auditoría ciudadana sobre los fideicomisos locales y el gasto en seguridad que, bajo la bandera del “blindaje”, oculta asignaciones directas a proveedores privilegiados. Es imperativo que se dé respuesta a los señalamientos de captura institucional en el sector energético y de adquisiciones, garantizando que el presupuesto sirva a la ciudadanía y no a la perpetuación de clanes políticos.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de que pensar: es muy cómodo pedir más dinero a la Federación cuando en casa se permiten contratos millonarios con empresas que solo existen en papel. ¿Es realmente una crisis de recursos federales, o es que el “Modelo Coahuila” necesita la opacidad para sostener sus alianzas políticas por encima de las necesidades reales de la gente?