Este incidente en la Laguna no es un hecho aislado, sino que se suma a un patrón de comportamiento donde las unidades de seguridad estatal operan bajo una lógica de excepción vial. La falta de transparencia en la resolución de estos casos suele dejar al civil en una posición de vulnerabilidad ante el aparato del Estado.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de reportes, denuncias y comunicados consultados.

El análisis de la gobernanza estatal muestra que, mientras se presume una “Alianza por la Seguridad”, en las calles la falta de peritajes independientes ante unidades oficiales mina la legitimidad institucional. No basta con blindar las fronteras del estado si el interior de las ciudades se vuelve zona de riesgo por la conducción de quienes deberían garantizar el orden.

La Secretaría de Seguridad debe publicar un informe mensual de siniestralidad de sus unidades y garantizar que el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón actúe sin consigna política. Se requiere un indicador verificable de indemnizaciones pagadas a civiles para asegurar que la justicia no se detiene ante una placa oficial.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: ¿Cuántos semáforos en verde deben ser ignorados por la autoridad antes de que la seguridad vial sea tan importante como la estadística de detenciones?