En Monclova, a dos semanas de la subasta de activos fijada para el 27 de febrero de 2026, el Sindicato Democrático reconoció públicamente el 13 de febrero que el choque entre el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y el empresario Alonso Ancira fue, en los hechos, un detonante final y no la causa única del colapso: su postura coloca el foco en una crisis estructural previa marcada por insolvencia operativa, falta de reinversión y descapitalización interna, en un proceso hoy encapsulado en el concurso mercantil y con un desenlace inmediato que mantiene en incertidumbre a miles de familias trabajadoras y a la cadena de proveeduría regional ante la pregunta clave de la subasta: si la liquidación alcanzará para cubrir el pasivo laboral o si, sin vigilancia, el orden de prelación terminará favoreciendo a otros acreedores; el contraste central que dejan los datos disponibles es político-financiero: mientras la Federación logró recuperar 216 millones de dólares para el erario por el caso Agronitrogenados (recuperación asociada al sobreprecio investigado y litigado por autoridades federales), en el ámbito estatal —durante el gobierno de Miguel Ángel Riquelme (2017–2023)— no se documenta una recuperación equivalente ni la instrumentación de fondos, garantías o blindajes específicos para proteger a proveedores locales y amortiguar el impacto económico en la Región Centro; el antecedente de 2019, cuando la detención de Ancira fue minimizada en la narrativa pública local, aparece hoy como punto de contexto para evaluar si existió (o no) una activación temprana de protocolos de contención para una industria que ya mostraba señales de fragilidad; con ese telón de fondo, lo que se juega en la subasta no es solo el valor de los fierros, sino la trazabilidad de responsabilidades y la capacidad de supervisión del proceso: que el síndico priorice el pasivo laboral, que la autoridad laboral vigile la legalidad de pagos y convenios, y que se transparenten criterios y montos para evitar que la liquidación cierre sin dejar claridad sobre quién asumió costos, quién quedó protegido y quién terminó pagando la factura social en Monclova.

La reciente admisión de la cúpula sindical sobre el verdadero origen del colapso de AHMSA, realizada este 13 de febrero a las puertas de la subasta definitiva de activos, expone con crudeza forense la disparidad de responsabilidades institucionales en la mayor tragedia industrial del norte: mientras la administración federal de Andrés Manuel López Obrador ejecutó acciones de estado que lograron recuperar 216 millones de dólares para el erario público —probando judicialmente el sobreprecio en Agronitrogenados y condicionando cualquier rescate fiscal a la salida de una administración fraudulenta—, el gobierno estatal de Miguel Ángel Riquelme Solís (2017-2023) omitió sistemáticamente la creación de fondos de contingencia o garantías para los proveedores de la Región Centro, limitando su actuación a la defensa política y mediática de la figura de Alonso Ancira Elizondo incluso después de su detención por la Interpol en 2019, lo que evidencia que la insolvencia de la siderúrgica precedió al conflicto político y que la supuesta “defensa de la soberanía estatal” sirvió en la práctica para encubrir la descapitalización sistemática de la empresa, dejando hoy a la entidad sin recursos recuperados y con una deuda social impagable.

Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República ha documentado las operaciones irregulares de la empresa, mientras que a nivel estatal no se han presentado auditorías sobre los apoyos o gestiones realizadas durante la crisis.

La tesis del “ataque político” queda desvirtuada por la cronología financiera de los hechos. La Federación ofreció plazos de pago al SAT condicionados únicamente a la salida de una administración probadamente corrupta; fue la negativa de Ancira a ceder el control lo que condenó a la empresa a la inoperatividad, todo bajo la mirada pasiva del Ejecutivo estatal. Riquelme Solís optó por politizar la crisis en lugar de preparar un plan de diversificación económica agresivo para la Región Centro, permitiendo que la dependencia hacia una empresa técnicamente quebrada se convirtiera en una trampa mortal para la economía local. La historia registra hoy que uno cobró la ley, el otro protegió al deudor, y el tercero huyó con el capital.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: que la narrativa de “Coahuila contra la Federación” pregonada por el sexenio anterior sirvió eficazmente para blindar la imagen pública de un empresario, pero dejó totalmente desprotegidos a los proveedores locales y obreros que hoy esperan, con desesperanza, una subasta de fierros viejos. ¿Existe alguna investigación estatal en curso sobre la falta de previsión y la dependencia económica fomentada durante el gobierno de Riquelme hacia una empresa que ya estaba quebrada?