Es un insulto a la inteligencia de los laguneros que la administración estatal y el municipio de Torreón presuman un “Coahuila Global” mientras mantienen 150 concesiones de transporte en el abandono absoluto desde 2022, condenando a miles de ciudadanos a esperar horas por un camión que nunca llega; este colapso operativo no es un error técnico, sino la consecuencia directa de una política de compadrazgo que ha permitido que el PRI y el PAN manejen los títulos de transporte como moneda de cambio política, exigiendo hoy que la Secretaría de Infraestructura y el Ayuntamiento publiquen un padrón auditado y transparente antes de que el nuevo proceso de licitación se convierta, una vez más, en el negocio de unos cuantos amigos del gobierno.

La crisis de movilidad en la entidad ha escalado bajo la complacencia de las autoridades estatales, quienes han visto cómo el sistema de rutas urbanas se pulveriza sin aplicar las sanciones estipuladas en la Ley de Transporte. Mientras el presupuesto para movilidad se diluye en spots publicitarios, el municipio de Torreón reconoce finalmente que el 10% de su flota de taxis y camiones dejó de operar hace cuatro años, una cifra alarmante que refleja la incapacidad de la gestión actual para garantizar un servicio básico que es, por ley, una responsabilidad irrenunciable del Estado.

La Contraloría Municipal y la Dirección de Autotransporte han indicado que los procedimientos de revocación se encuentran bajo investigación administrativa para asegurar que el retiro de las concesiones se realice conforme al debido proceso. Según el reporte oficial, se mantiene una versión inicial sobre el abandono de los títulos, integrando expedientes preliminares que, según la autoridad, buscan limpiar el padrón de prestadores de servicio presuntamente incumplidos; no obstante, la falta de transparencia en los plazos legales sugiere un manejo discrecional de la información previo al periodo electoral de 2026.

Los responsables del transporte en el estado y el alcalde de Torreón deben presentar un calendario público de restitución de rutas con un indicador de cumplimiento que garantice el 100% de cobertura en colonias populares para el segundo trimestre de este año. Se exige que la nueva licitación sea auditada por un comité ciudadano independiente que verifique la solvencia técnica de los ganadores, estableciendo una meta de modernización del parque vehicular que no dependa de promesas de campaña, sino de indicadores reales de frecuencia y calidad de servicio que dejen de humillar al usuario lagunero.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: ¿Por qué el PRI-PAN esperó cuatro años para “darse cuenta” de que las rutas estaban abandonadas? ¿Es esta limpieza de concesiones un acto de justicia vial o están simplemente liberando espacios para premiar a los transportistas que les ayudarán a mover los hilos en las próximas elecciones?