Para muchas familias, la controversia no es el árbol ni el golpe: es la pregunta incómoda de quién está cuidando las llaves. El viernes 9 de enero, al norte de Torreón, en Residencial Las Villas (Privada Villa Liebres), un vehículo se impactó y una menor de 12 años perdió la vida; la conductora adolescente (16) fue rescatada y trasladada a hospital. Tránsito recordó que en Coahuila no existen permisos para menores y el caso quedó en ruta de diligencias e investigación. Lo que sigue no puede ser solo luto: tiene que ser un “cero menores conduciendo” con operativos y reportes públicos, semana por semana.

En Coahuila la regla está escrita y también está en ventanilla: la licencia se tramita siendo mayor de 18 años y el propio sistema estatal de licencias remarca que no se otorgan permisos de conducir a menores. Eso vuelve más duro el contraste entre lo que dice la norma y lo que pasa en la calle: si un menor maneja, la falla no es “un descuido”, es un riesgo que se dejó crecer.

De manera preliminar y según los reportes iniciales, las causas del choque y cualquier posible responsabilidad se mantienen bajo investigación por la autoridad competente, en tanto avanzan peritajes y actuaciones ministeriales; en paralelo, el llamado público de Tránsito fue directo: no hay madurez ni permiso legal para que menores conduzcan.

La prevención, además, tiene dientes administrativos: en Torreón hay disposiciones para que, ante conductas viales de menores, se notifique a padres o tutores y se apliquen sanciones que procedan, sin borrar la posible responsabilidad civil. Y ahí está el punto: si el Estado y el Municipio ya pueden actuar, lo mínimo exigible es que lo hagan con constancia, no con reacciones aisladas tras una tragedia.

En los próximos 30 días, la Dirección de Tránsito y Vialidad debe instalar un operativo visible y recurrente en zonas residenciales y horarios de mayor movimiento, y publicar cada semana cuántos filtros realizó, cuántas detenciones preventivas hizo y cuántas sanciones levantó; la Fiscalía (Delegación Laguna) debe informar el estatus procesal sin revictimizar ni exhibir; y la autoridad estatal de movilidad debe reforzar una campaña corta, directa y medible en secundarias/prepas: un indicador sencillo para la ciudadanía sería “operativos/semana + incidencias detectadas + reducción” en un tablero público municipal.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: cuando una tragedia cabe en una sola frase —“un menor al volante”—, el problema nunca es solo el volante: es el sistema completo de permisos, vigilancia, familia y autoridad, fallando al mismo tiempo. ¿qué vale más, llegar rápido o llegar vivos? Y la segunda, todavía más incómoda: ¿quién responde cuando las llaves salen de la casa sin freno?