Para muchos, esto se siente como un choque de versiones que prende redes: unos creen que “hubo mala praxis”, otros que “se está linchando sin prueba”; lo verificable es que una mujer de 37 años, originaria de Piedras Negras, denunció presunta negligencia tras una cirugía estética en Monclova, y el médico señalado prepara defensa legal mientras la autoridad espera el dictamen del médico legista como pieza clave. El caso, se mueve en carpeta y el próximo paso es técnico: el peritaje. La exigencia mínima: calendario público de tiempos y ventanillas claras para quejas médicas en el estado.

En Monclova, este tipo de casos no solo golpea a una paciente y a un consultorio: golpea la confianza en un mercado que crece y donde, muchas veces, la gente llega por recomendación, publicidad o urgencia personal. Cuando el conflicto salta a lo penal o a lo mediático, la pregunta central ya no es “quién grita más fuerte”, sino quién prueba qué ocurrió en quirófano y en el postoperatorio.

La acusación se mantiene como presunta y está en investigación, con posturas opuestas: la denunciante afirma complicaciones y daño; y fuentes cercanas al médico sostienen que hubo antecedentes médicos y posible falta de seguimiento postoperatorio. Ninguna de esas versiones sustituye el dictamen pericial; por debido proceso, la responsabilidad solo puede definirse con evidencia médica y resolución conforme a derecho.

El punto no es opinar sobre el resultado antes del peritaje, sino que Coahuila tenga una ruta entendible para cualquier ciudadano: conciliación, arbitraje médico y, si aplica, denuncia. En Coahuila existe la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (COCCAM) como puerta institucional de orientación y atención de controversias; y a nivel federal está Conamed, con requisitos definidos para presentar quejas. Si el caso va a fiscalía, también debe quedar claro qué se investiga, en qué etapa va, y qué tiempos son razonables.

Nosotros pensamos que aquí el Estado puede hacer dos cosas simples y potentes. Primero: que la COCCAM publique una “ruta rápida” visible (qué documentos llevar, cómo abrir el expediente, cuánto tarda la orientación, y en qué casos procede conciliación o peritaje), con un indicador público: tiempo promedio de primera atención y de cierre por tipo de caso. Segundo: que la Secretaría de Salud estatal y las instancias reguladoras refuercen información preventiva: cómo verificar al prestador, qué preguntar antes de un procedimiento, y qué hacer si aparecen complicaciones (con un calendario de campañas y metas medibles). Porque cuando la gente no sabe a dónde ir, termina en el peor lugar: la pelea sin pruebas en redes.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: en Coahuila la diferencia entre justicia y linchamiento se llama peritaje, pero la diferencia entre peritaje y abandono se llama institución que responda con tiempos y reglas. La cirugía estética puede ser decisión personal, pero la atención médica no puede quedar a ciegas. ¿Cuántas personas en el estado saben realmente a qué puerta tocar cuando algo sale mal? Y si no lo saben, ¿quién está fallando: el paciente… o el sistema?