Mientras miles de familias siguen pagando el costo de AHMSA, el alcalde de Monclova puso el foco en el cobro de 50–60 mdp de predial y abrió la puerta a “negociarlo” con quien compre la acerera; para extrabajadores eso se siente como priorizar la subasta y la caja antes que el rescate de quienes se quedaron sin ingreso. Al mismo tiempo, un juzgado federal concedió 30 días de prórroga y ordenó mayor difusión del proceso, con Profedet revisando adeudos laborales, mientras la presión subió con protestas, toma de instalaciones y anuncio de movilizaciones a CDMX. La exigencia es clara: fecha final, reglas públicas de pago y una mesa Municipio–Estado–Federación que garantice que la subasta no los deje fuera.

Monclova no está discutiendo tecnicismos: está discutiendo comida, renta y el futuro de una región que se quedó sin su motor. Por eso el enojo crece cuando, en medio del desastre, el primer mensaje fuerte desde el gobierno municipal gira alrededor de cuánto se le debe al Ayuntamiento, en lugar de cómo se va a proteger —primero— a las familias golpeadas por el cierre.

De manera preliminar y según lo resuelto en el proceso judicial, la prórroga busca “dar certidumbre” a la venta y ordenar el procedimiento; se mandata mayor difusión pública del proceso y se activan plazos y revisiones vinculadas a los adeudos laborales, con participación de Profedet. El problema es que, para quienes llevan años esperando, “ordenar” sin amarrar pagos suena a otra vuelta del mismo carrusel.

La calle ya reventó: exobreros tomaron el Juzgado Cuarto Federal en Monclova y, además, anunciaron protestas que pueden escalar hasta plantones en Palacio Nacional, porque lo que piden no es un discurso: es una salida verificable. Mientras tanto, Coparmex ha defendido que ampliar plazos puede evitar pleitos que retrasen más la venta; y el Gobierno del Estado ha dicho que irá a CDMX a revisar el caso con autoridades federales. Todo eso puede sumar… si termina en una sola cosa: pago y fecha.

Nosotros pensamos que, para que la información esté completa y deje de ser un laberinto, el juzgado y el síndico del concurso tienen que soltar un calendario único: que diga sin rodeos en qué etapa vamos, qué falta por cumplir, qué documentos o condiciones se necesitan, cuánto tiempo resta y cuál es la fecha final realista. Y no como boletín de ocasión: actualización semanal, para que la gente no viva de rumores.

Del lado federal, Profedet tiene que hablar claro y con ruta: qué adeudos laborales se están reconociendo, qué se va a priorizar, y lo más importante, si se va a pagar, entonces cómo y cuándo. Porque “proteger derechos” suena bonito, pero aquí lo que urge es convertirlo en un mecanismo que la gente pueda entender y verificar.

Y el Ayuntamiento de Monclova también tiene tarea: el tema del predial puede ser legítimo, pero en una ciudad golpeada no puede sonar a “primero cobro y luego veo”. Si va a negociar, que diga bajo qué condiciones, con qué garantías y con qué transparencia; y que quede claro que cualquier acuerdo no puede pasar por encima de la prioridad social: familias sin ingreso, comercios caídos y una región que se desangra.

Finalmente, el Gobierno del Estado, si va a CDMX a empujar el caso, debe regresar con algo medible: una minuta pública, responsables por cargo y un plan por semanas. Porque en Monclova ya no alcanza con “vamos a destrabar”; aquí la gente necesita fecha, ruta y resultados.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: cuando el primer reflejo institucional es “cobrar” y no “rescatar”, la gente no escucha administración… escucha abandono. ¿Quién va a firmar —por cargo— que esta prórroga no es para estirar el expediente, sino para asegurar que la subasta no se reparta arriba y deje vacío abajo? Y si el predial es urgente, ¿por qué no es más urgente el plato en la mesa?