Mientras ránkings nacionales colocan a Manolo Jiménez entre los gobernadores “mejor evaluados” (incluida seguridad), un video difundido en redes reventó el discurso: la SSP de Coahuila separó a tres policías estatales por presuntos actos de corrupción en un filtro de la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de Ramos Arizpe, por hechos del 30 de noviembre. La Fiscalía prometió “cero tolerancia”, pero la exigencia ciudadana es concreta: fecha y resultados de la investigación, y la ruta completa de responsabilidades —del elemento al mando.

La versión institucional dice que, una vez que se tuvo conocimiento del caso, se actuó “de manera inmediata”: separación del cargo y apertura de investigación, además de turnar el material para análisis. En paralelo, el Fiscal aseguró que no se permitirá abuso de autoridad ni prácticas fuera de protocolo, y hasta remarcó que estas conductas “distan” de la política del gobernador.

Pero aquí está el choque: el gobierno vive de narrativa y la seguridad vive de confianza. El 28 de diciembre circularon mediciones donde se presume a Manolo como “top” en aprobación y en índices ligados a seguridad; y semanas antes, en Consejo Estatal, el propio gobernador sostuvo que en Coahuila “no hay nada ni nadie por encima de la ley”. Si eso es cierto, este caso no se resuelve con un boletín: se resuelve con sanción verificable.

Ahora, sobre el enfoque “por órdenes del gobernador”: no hay evidencia pública que pruebe una instrucción directa. Lo que sí hay —y eso es suficiente para exigir cuentas— es una escena en un filtro estatal y una frase que suena a presión por “resultados”. En buen norteño: si el abuso se cocina, alguien trae la estufa prendida. Y esa estufa, por jerarquía, termina en el Ejecutivo.

La agenda mínima para que esto no se vuelva “otro video y ya”: que la SSP publique en un plazo claro el estatus del procedimiento (medidas cautelares, separación, sanción propuesta), que la Fiscalía informe si abrirá o ya abrió carpeta y en qué etapa está, y que el gobierno estatal transparenten protocolos de filtros (señalización de derechos del conductor, identificación visible, bitácoras, supervisión y canales de denuncia) con metas medibles: menos quejas, más sanciones cuando proceda y cero “arreglos”.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: un gobierno puede cerrar el año con aplausos en encuestas, pero se le cae el piso con un solo filtro mal operado si no demuestra —con hechos— que el uniforme no se usa para cobrarle al ciudadano. La pregunta es simple y duele: ¿Coahuila está seguro para la gente, o seguro para quien trae placa y prisa? Y otra más: si el discurso es “nadie por encima de la ley”, ¿por qué cada caso se vuelve una prueba de fe y no un reporte público con consecuencias?