En plena víspera navideña, autoridades estatales reportaron el aseguramiento de 40 paquetes con presunta marihuana —aproximadamente 40 kilogramos— en la carretera estatal 20, en el tramo Nueva Rosita–Boquillas del Carmen, a la altura del acceso Palau–San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera. La unidad señalada fue un Nissan Sentra y, hasta el corte de los reportes, no se informó de personas detenidas; el caso quedó en manos del Ministerio Público y con apoyo de la AIC para ubicar origen y destino.

El decomiso, por sí mismo, manda un mensaje disuasivo en una zona donde los tramos carreteros son ruta y rutina. Pero también exhibe el punto que suele fallar: el después. Porque el verdadero golpe no es la foto del paquete, sino la trazabilidad: quién lo movía, para quién, por dónde, y si la cadena llega a responsables con consecuencias reales. En ese camino, el propio reporte periodístico indica que el expediente podría remitirse a la FGR por tratarse de un delito contra la salud, lo que abre la puerta a una ruta federal más sólida si se integra bien la carpeta.

Y aquí entra lo incómodo para el gobierno estatal: Coahuila no necesita anuncios aislados, necesita resultados consistentes. Si la administración de Manolo presume control y “blindaje”, entonces la obligación mínima es publicar avances verificables: peritajes, línea de investigación, estatus de judicialización y, sobre todo, si esta ruta se conecta con otros aseguramientos en la misma franja. Sin eso, el golpe se queda en narrativa y la calle se queda con la duda.

En las próximas 72 horas, la autoridad estatal debe informar (sin comprometer la investigación) el estatus de la carpeta, el resguardo y dictamen de la sustancia, y si ya se formalizó la remisión a FGR. En un plazo de 30 días, debe reportar un corte público: cuántos casos similares se han asegurado en 2025 en esa región, cuántos llegaron a judicialización, y qué acciones concretas se tomarán en la carretera 20 (filtros, cámaras, horarios, coordinación interinstitucional) con metas simples y medibles.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: si el Estado quiere que la gente crea, no basta con decomisar; tiene que cerrar el círculo. Y si el caso ya apunta a la Federación, mejor: que la FGR lo tome con seriedad y que aquí no se “enfríe” la carpeta con el paso de los días. Coahuila merece seguridad que se note en la vida diaria, no solo en comunicados. La pregunta es directa: ¿este decomiso será un caso con responsables y sentencia, o otro número que se pierde en el archivo? Y si el Estado dice que tiene el control, entonces que lo pruebe con resultados, no con promesas.