La CDHEC emitió la Recomendación 025/2025 por un caso ocurrido el 5 de septiembre de 2024 en Frontera: policías municipales habrían ingresado sin orden judicial a un domicilio, retuvieron a las personas sin registro oficial y, tras el operativo, la víctima reportó que su cartera regresó sin el efectivo. Un video aportado por el afectado contradijo la versión inicial del Ayuntamiento, y la Comisión dirigió la exigencia a la autoridad municipal: abrir procedimientos, reparar el daño y capacitar para que no se repita.

El punto que más prende focos no es solo el abuso, sino la trazabilidad rota: la Comisión documenta que no se localizó la bitácora de la patrulla señalada. En cualquier corporación, cuando no hay registro, no hay control; y cuando no hay control, la calle se vuelve terreno de arbitrariedad.

También hay una línea clave para el debido proceso: aunque la víctima dijo haber sido golpeada, la CDHEC señala que la falta de dictámenes médicos inmediatos impidió acreditar técnicamente lesiones; aun así, lo que sí quedó acreditado es la afectación a legalidad, seguridad jurídica y propiedad, por actuar sin justificación legal y sin documentar la intervención, además del despojo patrimonial.

Y aquí entra lo incómodo para la política: estas recomendaciones no son sentencia penal, pero sí son un instrumento público que obliga a rendir cuentas y a explicar, con calendario, qué se corrige y cómo. En el modelo ombudsman, la presión no es con barrotes: es con evidencia y con obligación de respuesta pública.

Lo mínimo verificable, sin discursos: que el Ayuntamiento informe si acepta la recomendación y publique un plan de cumplimiento con fechas (procedimientos internos, reparación, capacitación y controles de registro). Y del lado estatal, si el Gobierno de Coahuila presume “orden”, este caso pide algo básico: estándares y supervisión real para que ninguna policía municipal opere sin bitácoras, sin reportes y sin consecuencias.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: cuando un video tiene que “hacer la chamba” que debería hacer el control interno, el problema ya no es un hecho aislado, es un sistema que se deja empujar hasta que lo exhiben. Frontera merece seguridad, sí, pero no a ciegas. Si el Estado quiere autoridad moral para pedir confianza, primero tiene que poner reglas que se cumplan y sanciones que se vean. Porque el ciudadano no debería grabar para que le crean: debería bastar la ley.